Decreto 2055 de 2014
Asesorar a las autoridades competentes en el proceso de la política criminal con el fin de que ésta se base en fundamentos empíricos.
Realizar recomendaciones sobre la estructura y funcionamiento del sistema pena.
Revisar el estado del sistema penitenciario y carcelario y las condiciones que este ofrece para la resocialización de los condenados.
Preparar proyectos de ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria del Estado.
Brindar lineamientos para la coordinación con las demás instituciones del Estado en la elaboración y adopción de políticas públicas con el objeto de unificar sus acciones, entre otras, en la lucha contra el crimen.