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El desarrollo de este sitio da cumplimiento al acuerdo alcanzado entre el Estado Colombiano y las organizaciones representantes de Marta Lucía Álvarez Giraldo sobre una de las medidas de reparación integral incorporadas en el informe sobre conclusiones y recomendaciones del Caso 11.656 (Marta Lucía Álvarez Giraldo v. Colombia) adelantado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. 

 

1. Aislamiento como sanción disciplinaria y debido proceso

   

T/622/2010


Una mujer recluida en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo Mujeres fue sancionada con 30 días de aislamiento en celda de seguridad o calabozo tras haber besado a una compañera del centro penitenciario. Ella reclama que se revoque el proceso disciplinario y se le permita regresar al Pabellón Esperanza del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sogamoso, de manera inmediata.

 
Dado que no se encontró ninguna irregularidad ni violación al debido proceso, pero también debido a que la interna cumplió con los 30 días de sanción antes de que este proceso fuera llevado a cabo, se consideró que la acción instaurada por la interna carecía de objeto. 


2. Dignidad humana derechos fundamentales de personas privadas de la libertad


T-062/11

Una mujer trans privada de la libertad en Yopal solicitó la protección de su derecho al libre desarrollo de la personalidad para que le fuera permitido portar el cabello largo, usar maquillaje y accesorios femeninos acorde con su identidad sexual, y dejar de recibir tratos discriminatorios y violentos de parte del personal de guardia. La Corte Constitucional decidió tutelar los derechos de la accionante y ordenó que se realizara una campaña de sensibilización y capacitación a los funcionarios del establecimiento penitenciario con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.


 

 

   

T/1096/2004


Un hombre que se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá solicitó ser trasladado a la cárcel de Chaparral, Tolima tras haber sido agredido sexualmente. El traslado fue realizado en su lugar a la cárcel de El Espinal, Tolima donde el interno señala estar siendo objeto de abusos sexuales sistemáticos por parte de otros reclusos. Por lo anterior, él sospecha haber sido contagiado de VIH.  También señala las condiciones de hacinamiento del centro penitenciario. Además, la situación que vive el interno le ha llevado a atentar contra su vida en más de una ocasión.


La sentencia ordena el traslado del interno a un centro penitenciario que no suponga riesgo alguno para su integridad física y su libertad sexual. Asimismo, se ordena investigar los hechos y circunstancias de la vulneración sistemática de derechos a la que fue sometido el interno y que se adelanten los exámenes médicos necesarios para determinar si el interno fue contagiado con VIH así como cualquier otro perjuicio que haya sufrido en su salud.


 

T/283/2016

Un Hombre bisexual recluido en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (La Picota)interpuso acción de tutela al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la vida digna, así como al reconocimiento y debida protección de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas, y de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, debido a que estaba siendo agredido por otros reclusos por su condición sexual, así mismo, manifiesta que las celdas del establecimiento carcelario no cuentan con las condiciones de salubridad dignas necesarias. La Corte Constitucional ordena hacer la debida investigación de los hechos por los cuales se considera que se está vulnerando la dignidad humana y la libertad sexual por parte de los demás reclusos al interior de los establecimientos.


3. Estado de Cosas Inconstitucional

   

T/153/1998


La Corte Constitucional decide acerca de dos acciones de tutela que pretenden la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad afectadas por la situación de hacinamiento en los establecimientos de reclusión de Bellavista en Medellín y La Modelo en Bogotá. La Corte decide declarar el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario debido a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, en la cual se evidencia una amenaza a sus derechos a la integridad personal, dignidad humana, trabajo, educación, alimentación, salud, familia, recreación, entre otros. Por tanto, ordena al INPEC, Ministerio de Justicia y DNP que se cree un plan de construcción y refacción carcelaria tendente a garantizar a las personas reclusas condiciones de vida dignas en los penales.

 


 

T/388/2013


La Corte Constitucional declara que existe un nuevo estado de cosas inconstitucional, diferente al declarado en la sentencia T-153 de 1998. Enfatiza que la existencia de condiciones de hacinamiento posibilita que se presenten tratos crueles que afecten la dignidad de las personas internas. Además, la crisis en el sistema penitenciario y carcelario está influenciada por la falta de protección a grupos poblacionales específicos, como las mujeres, debido a la falta de recursos y la incapacidad humana para atender todas las demandas de la población femenina interna. La Corte llama la atención acerca de la necesidad de garantizar la dignidad de las mujeres, las personas extranjeras, quienes se identifiquen con una orientación sexual o identidad de género diversa, los indígenas y afrodescendientes, y demás sujetos de especial protección constitucional que se encuentran privadas de la libertad en Colombia. 

 

 

T/815/2013


La Corte Constitucional reitera la persistencia del estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario y penitenciario colombiano. Recalca que las restricciones que se imponen a la población privada de la libertad están limitadas a criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad, y por tanto, no pueden imponerse requisitos a la visita íntima que lleven a conculcar derechos tales como la dignidad humana, la protección de la familia, la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos. El Estado tiene que asegurar el contacto de las personas reclusas con sus parejas y evitar cualquier interferencia abusiva de sus derechos fundamentales, independientemente del sexo, la orientación sexual o la identidad de género. 




   

T/762/2015


La Corte Constitucional reconoce que el estado de cosas inconstitucional por hacinamiento y vulneración de derechos de las personas privadas de la libertad persiste. En ese sentido, declara que la causa de la crisis radica en la política criminal colombiana que se ha caracterizado por un endurecimiento constante. En consecuencia, hace un llamado para que la política criminal del Estado colombiano sea más preventiva, las medidas de aseguramiento sean excepcionales y se adopten medidas efectivas de resocialización. 

 



4. Requisas a visitantes

 

T/624/05

Una mujer solicita la protección de sus derechos a la igualdad, al debido proceso y a la dignidad humana, debido a los tratos recibidos por el personal de guardia al ingresar al establecimiento de reclusión para visitar a su compañera sentimental; además, le fue impuesta una sanción para ingresar debido a que ingresaba en falda y una vez dentro se cambiaba a pantalón. La Corte Constitucional decidió otorgar la tutela para que no se vuelva a exigir a las personas visitantes el uso de ninguna prenda de vestir específica y para que el INPEC tome medidas para evitar que se realicen requisas que impliquen tacto sobre los cuerpos de las personas visitantes, especialmente de sus genitales. 

 

5. Visita íntima

 
 
 

T/499/2003

Dos mujeres internas en las cárceles de Ibagué y Manizales invocaron la protección de los derechos a la igualdad, intimidad y libre desarrollo de la personalidad puesto que no se les permitía acceder a la visita íntima debido a que carecían del documento de antecedentes judiciales. Además, a una de ella la habían trasladado de centro de reclusión aduciéndose que la relación existente entre ambas peticionarias ponía en riesgo la seguridad de la cárcel al crear enemistades con la anterior pareja de una de ellas. La Corte argumentó que las personas privadas de la libertad tienen derecho a su intimidad para afianzar las relaciones de pareja, por lo cual debía garantizarse que las dos mujeres puedan realizar encuentros sin que les soliciten documentos a los que no pueden acceder debido a su condición de internas.


   

T/274/2008


Un hombre recluso de la cárcel de Cúcuta interpuso acción de tutela para que le fueran protegidos sus derechos a la intimidad personal y familiar y al libre desarrollo de la personalidad, debido a que a su compañera permanente le fue impuesta una sanción de cuatro años en los que no podía ingresar al establecimiento; dicha sanción excedía el tiempo de la pena y les impedía tener visitas íntimas. La Corte expresó que si bien algunos de los derechos de las personas privadas de la libertad se restringen, dicha restricción debe ser la mínima requerida para lograr el objetivo de la resocialización. En esta oportunidad la Corte subraya que la orientación sexual de las personas privadas de la libertad no puede ser usada como justificación para prohibir las visitas íntimas y que las autoridades penitenciarias y carcelarias deben garantizar este derecho a todos por igual. 




 

T/372/13


Una pareja de mujeres privadas de la libertad invocan la protección de sus derechos a la igualdad y al libre desarrollo de la personalidad con el fin de que les otorguen la posibilidad de tener visita íntima a pesar que una de ellas se encontraba casada. La Corte Constitucional recuerda que las parejas del mismo sexo privadas de la libertad gozan de unas garantías, puesto que sin el goce efectivo de la dignidad humana no se cumpliría el objetivo de la resocialización. Para que esta finalidad de la pena se cumpla no se puede simplemente apartar a la persona infractora del goce de sus derechos, sinogarantizarle un mínimo de éstos para humanizar el encierro, entre los cuales se incluyen el derecho a la intimidad y la visita íntima.  

 



   

T/599/2013

Una pareja de mujeres privadas de la libertad solicitan la protección de sus derechos a la intimidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad para que les sea permitida la visita íntima. La Corte Constitucional recuerda la línea jurisprudencial construida acerca de las visitas íntimas entre parejas de internas y le advierte a la Dirección del establecimiento de Neiva (i) que no debe discriminar a las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversasy (ii) que cualquier reglamentación del régimen de visita debe hacerse acorde a los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. La Corte Constitucional.



 

T/709/2013

 

Una mujer interpone acción de tutela contra el INPEC por no permitirle realizar visitas íntimas con su pareja reclusabajo el argumento de no haberse consolidado una relación sentimental estable entre ellas. La Corte Constitucional decide por cuanto considera que la prueba de calidad de cónyuge o compañera permanente es inane, y además, por no existir en ninguna norma que haga distinción alguna frente a solicitudes de visitas íntimas dependiendo de la calidad de las partes, esta se puede dar entre cualquier pareja de individuos, indistintamente del tipo de relación que entre ellos exista. Sin embargo, no decide otorgar la protección de los derechos de la accionante por la existencia de un hecho superado.






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