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miércoles, 4 de octubre de 2017

Proyecto de ley que busca mejorar el sistema penitenciario y carcelario fue socializado en la Universidad de Los Andes

Proyecto de ley que busca mejorar el sistema penitenciario y carcelario fue socializado en la Universidad de Los Andes

Bogotá, 20 de septiembre de 2017. “De nada sirven los mejores cuerpos normativos impregnados de declaraciones de respeto por los derechos cuando no se desarrollan de manera suficiente los instrumentos de política pública para concretar su goce efectivo”. Con esta frase la Directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho, Marcela Abadía, instaló el conversatorio ‘Proyecto de Ley de Política Criminal: ¿se supera el estado de cosas inconstitucional?’

En este escenario -en el que participaron la academia y representantes del MinJusticia- fue debatido un asunto de absoluta trascendencia para la política criminal y penitenciaria del país: el Proyecto de Ley 014 de 2017 Senado, que fortalece dicha política. Abadía indicó que en Colombia está excesivamente arraigada la cultura del castigo y la prisión como único mecanismo para resolver los conflictos.

“La sociedad piensa que cualquier iniciativa que promueva la reducción del uso de la prisión en un nivel mínimo es una puerta a la impunidad y la inseguridad. Eso nos ha obligado a presentar una iniciativa moderada, pero que consideramos, es un primer paso en la dirección correcta para la política criminal. Se trata de aclimatar un cambio que no se puede imponer de manera abrupta”, aseguró la funcionaria.

Durante su intervención, Abadía aseguró que superar el estado de cosas inconstitucional no es solo reducir el hacinamiento a niveles tolerables, sino que se requieren intervenciones de todo orden. Y señaló que este proyecto es una importante herramienta para reducir razonablemente el número de personas privadas de la libertad y mejorar la calidad de vida en reclusión. “La iniciativa –agregó- hace parte de una serie de esfuerzos dirigidos a puntualizar los postulados señalados por la Corte Constitucional como estándares constitucionales mínimos de una política criminal respetuosa de los Derechos Humanos en normas legales e instituciones penales”.

Este proyecto de ley se construye y concerta en el seno del Consejo Superior de Política Criminal a partir de una iniciativa del Ministro de Justicia y el Fiscal General de la Nación. Y conceptualmente se nutre de trabajos de campo e investigaciones académicas que se han adelantado desde el Ministerio y el Consejo.

Los asistentes conocieron de primera mano lo que busca el proyecto: descriminalizar algunos comportamientos que se considera, pueden tener una solución más adecuada si se tramitan por otras vías jurídicas. Es el caso de la difamación (injuria y calumnia), la inasistencia alimentaria, el daño en bien ajeno, los delitos contra la libertad religiosa y disparos al aire sin justificación, entre otros.

Sobre la racionalización de la detención preventiva, Marcela Abadía aseguró que el recurso de privación de la libertad en prisión debe ser excepcional, para los delitos más graves y para aquellos eventos en que se evidencie la necesidad de que la pena se cumpla en una cárcel. “Se ha propuesto una regulación integral de las medidas alternativas a la prisión, que pretende insertarlas en una lógica de progresividad respondiendo a criterios orientados al uso racional del encarcelamiento”, explicó.

La funcionaria concluyó su intervención agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y en particular a Ricardo Posada Maya, Director del Área de Derecho Penal de esta Alma Máter, por generar este espacio de deliberación.

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