En Colombia hay 121.030 personas privadas de la libertad (112.774 hombres y 8.256 mujeres): 43.086 están sindicadas y 77.944, condenadas. El 36% de la población privada de la libertad es sindicada, por lo que debería estar recluida en cárceles municipales o departamentales.
Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tienen las alcaldías y gobernaciones con la población privada de la libertad sindicada de un delito, el Ministerio de Justicia y del Derecho realizó una jornada de capacitación acerca del papel de los entes territoriales en el sistema penitenciario y carcelario.
Durante la jornada, las entidades conminadas a cumplir con la sentencia T-762 conocieron la situación actual del sistema penitenciario y carcelario, lo que dice la ley de los entes territoriales frente al sistema carcelario, las vías de financiación para la construcción de cárceles, el debido sostenimiento de la población sindicada, las condiciones técnicas de un predio para la construcción de un establecimiento penitenciario y el nuevo modelo de atención en salud para la población privada de la libertad.
Además, se hizo una presentación general de la Sentencia T-762, que ordena mejorar la infraestructura carcelaria, los procesos de resocialización y la prestación de salud, así como realizar las acciones necesarias para garantizar la dignidad humana de las personas recluidas. Dentro de las órdenes principales de dicha sentencia está fortalecer el Consejo Superior de Política Criminal y consolidar una política criminal coherente, racional y eficaz.
El objetivo de estas capacitaciones es elaborar una agenda de trabajo para que las entidades territoriales puedan participar activamente, desde el marco de sus competencias, en los roles que tienen asignados en el sistema penitenciario y carcelario. Los ministerios de Justicia, Salud y Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Penitenciario y Carcelario y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ofrecieron su asesoría en cuanto a la construcción de cárceles y el sostenimiento de la población sindicada.
Los entes territoriales tendrán 15 días para enviar su plan de articulación de cara al cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema. El Ministerio de Justicia, por su parte, ofrecerá acompañamiento técnico durante el proceso de creación de los planes y en la etapa de implementación.
Al encuentro asistieron alcaldes, gobernadores secretarios de gobierno o interior, secretarios o jefes de planeación y secretarios de salud de Cúcuta, San Vicente de Chucurí y Bucaramanga (Santander); Santa Rosa de Cabal y Pereira (Risaralda); Bogotá; Anserma (Caldas); Palmira, Roldanillo y Cartago (Valle del Cauca); Florencia (Caquetá), Apartadó, Medellín e Itagüí (Antioquia); Sincelejo (Sucre) y Villavicencio (Meta).