Bogotá, 18 de septiembre de 2017. En el acto de presentación del libro ‘La proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana’, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, señaló que este trabajo es un paso significativo -no el único- para dar cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional que establece la superación del estado de cosas inconstitucional en los establecimientos penitenciarios.
“Estoy convencido que detectar y corregir las incoherencias e inconsistencias de nuestro sistema de penas en relación con la gravedad del delito es una contribución destacada en aras de lograr una política criminal racional”, afirmó el alto funcionario.
El libro es un estudio detallado del Código Penal en relación con la evolución que han presentado las sanciones que allí se prevén para las conductas definidas como delitos, y su objetivo es el de proporcionar a los encargados de la política criminal del Estado una fuente de conocimiento cierta y lo más completa posible, ofreciendo respuestas más apropiadas para el control y prevención de comportamientos sociales problemáticos sin que ello implique una afectación de los derechos y garantías de la ciudadanía.
El jefe de la cartera de Justicia aseguró que confía en que el diagnóstico y análisis presentado en la obra pueda ser reconocido como un trabajo digno de ser consultado y analizado por los actores de la política criminal (jueces, legisladores, juristas y académicos). “El libro no es solo un inventario con un nivel de detalle significativo; también es un ejercicio de autocrítica. Un primer paso para tomar conciencia de que la forma en que se ha venido construyendo la política criminal en nuestro país -en este caso en materia legislativa- ha sido antitécnica, reactiva y de bajo impacto”, dijo.
Los resultados que exhibe la obra confirman la tendencia del endurecimiento legislativo del derecho penal. Por ello Gil Botero aseguró que se debe aprovechar la infraestructura institucional que en el último tiempo se ha venido consolidando para realizar un monitoreo constante de las reformas penales. “Esta infraestructura debe ser el soporte para modificar el paradigma de la forma en que se han adelantado las reformas penales en el último tiempo”, añadió.
El Ministro reiteró que la proporcionalidad no solo se reduce a cuánto castigo merece determinado delito, sino que también incluye la cuestión de si un comportamiento debe ser considerado grave, de tal forma que deba ser comprendido como delictivo. Además, aseguró que la crisis que se vive en el sistema penal no se puede reducir únicamente a un problema de hacinamiento, cupos e infraestructura. “Soy consciente de que el problema de la proporcionalidad no es un asunto sencillo, y que no hay fórmulas matemáticas que permitan reducir su complejidad”, indicó.
La intervención del alto funcionario concluyó reconociendo el trabajo que han venido desarrollando el Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa y la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria.