Carlos Medina Ramírez, Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, habló durante la instalación de la Jornada Académica Internacional de Política Criminal y Acción Penal, que se desarrolla en el marco de la celebración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación. En este escenario se refirió al trabajo que la cartera de Justicia ha venido adelantando respecto al fortalecimiento de la política criminal con el fin de que esta sea coherente, estable, fundamentada empíricamente y respetuosa de los Derechos Humanos.
“Hemos planteado y defendido una premisa clara en materia de política criminal, pero requerimos esfuerzos amplios e integrales que permitan superar las fallas estructurales que repercuten en fenómenos ampliamente conocidos, como el hacinamiento, la congestión judicial, la impunidad o la reproducción de la criminalidad”, señaló el alto funcionario.
Medina Ramírez añadió que la política criminal sobre la cual se ha venido trabajando está siendo entendida como una política integral que presenta un conjunto amplio y complejo de medidas y acciones desarrolladas desde el Estado con coordinación intersectorial e intergubernamental, y anotó que su objetivo principal es el de reducir el delito y la violencia en general a través de medidas en las áreas de prevención, investigación, judicialización y ejecución de la pena.
“Buscamos no solo el fortalecimiento del sistema penal sino también del penitenciario. Estamos seguros que esto contribuirá al robustecimiento de la acción del Estado en contra de diversos fenómenos violentos y criminales”, manifestó. Y en cuanto a crimen organizado dijo que “hemos insistido en la necesidad de contar con metodologías analíticas que sirvan para desarticular redes criminales y que no solo se fijen en los cabecillas sino en sus sujetos o soportes más importantes”.
El Viceministro hizo énfasis en la importancia del trabajo mancomunado de las entidades que conforman el Consejo Superior de Política Criminal: Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Presidencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones estatales como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Medina Ramírez concluyó su intervención reconociendo el valor académico e institucional de la jornada, considerando que esta se enfoca en un tema que plantea grandes dificultades: la investigación y juzgamiento de la criminalidad organizada en el escenario del posconflicto.