Durante la visita que realizó al Resguardo Indígena de la Sierra Nevada, el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina Ramírez, indicó que actualmente hay 840 personas privadas de la libertad reconocidas como miembros de comunidades indígenas. “Esta población aunque cuantitativamente representa menos de 1% de las personas que actualmente se encuentran en Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, se encuentra priorizada para garantizar medidas de tratamiento diferencial”, dijo Medina.
El alto funcionario reconoció que el Estado debe aceptar que se tienen dificultades para la custodia y el tratamiento de los miembros de las comunidades indígenas que se encuentran en los establecimientos de reclusión, sin embargo indicó que el Ministerio de Justica ha venido trabajando desde tiempo atrás en el acompañamiento y fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas, así como en la consolidación de los mecanismos de coordinación de los regímenes ordinario y especial.
“Como Estado le apostamos a una combinación de herramientas que conduzcan al fortalecimiento de las instituciones propias de las comunidades, al tiempo estamos velando por la incorporación efectiva del enfoque diferencial en nuestras instituciones”, el Viceministro además señaló que “en los últimos años hemos desarrollado diferentes acciones como el trabajo que desde el año 2014 venimos adelantando para expedir un decreto con fuerza de ley que regule lo relativo a la privación de la libertad de los miembros de pueblos indígenas”.
El Minjusticia en el marco del fortalecimiento de la justicia propia y el impulso de centros de armonización, ha acompañado a distintas comunidades indígenas para el fortalecimiento de sus instituciones de justicia, realizó investigaciones para el desarrollo de programa nacional de apoyo a los centros de armonización y destinó una cifra importante de recursos de inversión para robustecer centros de armonización de algunas comunidades indígenas para hacerlos autosostenibles.
Uno de los proyectos que se priorizó y se ha iniciado es justamente el Fortalecimiento al ejercicio de la jurisdicción especial indígena del pueblo Arhuaco a través del apoyo a sus instituciones de justicia propia denominadas Ankarunn Gwek-U. "Estamos apoyando las Casas de Reflexión por medio de un convenio interadministrativo firmado en el mes de abril de este año por un monto de 472 millones de pesos, de los cuales 272 millones serán aportados por el Ministerio de Justicia”, dijo Medina Ramírez.
El objetivo es que a final de este año se puedan conocer tres casos exitosos en donde se puedan evidenciar lecciones aprendidas y potencializar las buenas prácticas para el mejoramiento de las Casas de Reflexión y Centros de Armonización, como espacios autónomos para la ejecución de las decisiones en materia de justicia.